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Regionalización de la educación: un eje central para el desarrollo del campo colombiano

Publicado por Marta Arosio 26/04/2018 sobre Diversidad biocultural

Regionalización de la educación: un eje central para el desarrollo del campo colombiano

Colombia - En el marco de la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera – acuerdo firmado en noviembre 2016 entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que puso fin a un conflicto armado que devastó al país y al campo colombiano por más de 50 años – varias estrategias de políticas públicas encaminadas a concretizar las metas y los objetivos principales del acuerdo, han sido diseñadas y propuestas por el gobierno central a través de sus agencias gubernamentales[1].

En el Acuerdo, emerge de forma relevante la toma de conciencia de parte del Estado de la deuda histórica acumulada hacia el campo colombiano y la identificación del mundo rural colombiano como una fuente de posibilidades para el crecimiento económico del país, con enormes potencialidades productivas, de provisión de alimentos, de materias primas y recursos ambientales y, sobre todo “como lugar privilegiado para empezar a construir la paz del lado de las víctimas” (PNUD, 2011: 7) trabajando para reconstruir una relación de confianza con el campo. Una de las características estructurales que ha contribuido a la falta de desarrollo rural en Colombia y a la abertura de importantes brechas entre el área rural y el área urbana es sin duda el escaso acceso a oportunidades económicas, laborales, educativas y a recursos naturales y culturales de parte de la población rural. De hecho, existe una elevada brecha entre el mundo rural y él urbano, sobre todo en relación al acceso a bienes y servicios básicos, destacando la tendencia histórica de las políticas públicas sociales del país hacia el área urbana y la constante falta de oportunidades económicas en los municipios rurales y rurales dispersos del país (DNP, 2015).

Con esta conciencia, la política pública se está orientando hacia la implementación de planes que tengan como objetivo la integración regional, la cohesión territorial y la inclusión social de los segmentos de población que han sido excluidos del desarrollo del país. En este proceso, adquiere importancia el rol de la educación como medio para cerrar las brechas entre los territorios colombianos, incrementar el acceso equitativo a las oportunidades y acelerar la salida de la pobreza y pobreza extrema de aquellos segmentos de la población que siguen viviendo por debajo del umbral de pobreza.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, propone como reto para Colombia para 2025, él de convertirse en el país más educado de América Latina y “cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos” (DNP, 2014:85). El mismo, reconoce la educación como “el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos” (DNP, 2014:25).

En el contexto de la educación rural, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2017) evidenció que los niños y jóvenes de las zonas rurales y, en especial los niños y jóvenes de las zonas más afectadas por el conflicto, logran menos años de educación formal (5.1 años de educación formal en zonas rurales frente a 8.4 años en zonas urbanas) y que la educación que reciben es de mucha menor calidad que la que reciben los niños en zonas urbanas. A este propósito, en calidad de entidad garante de la educación en Colombia, el MEN se propuso desarrollar y consolidar un conjunto de estrategias que respondan a los retos de la educación en el marco del Acuerdo Final entre los cuales se destaca el PEER - Plan Especial de Educación Rural que se propone enfrentar los retos de la educación rural al fin de garantizar una educación de calidad los niños, jóvenes y adultos del país respondiendo a las respectivas exigencias individuales, regionales, culturales y territoriales (MEN, 2017).

El acceso a las oportunidades de educación depende fuertemente de las características estructurales del territorio en términos de funcionamiento de las instituciones locales, de las estructuras locales, el nivel de articulación multinivel y multisectorial, el tipo de actores sociales que interactúan. A esto, se agregan otras determinantes: el género, la clase social, la etnia. Por eso, el proceso de desarrollo de la educación rural requiere la aplicación de dos enfoques relevantes: el enfoque territorial y el enfoque diferencial.

Una visión guiada por el enfoque territorial implica, entre otros elementos, superar un abordaje sectorialista que se focaliza radicalmente en la actividad agropecuaria, considerando la multiplicidad y diversidad de los sujetos que actúan en los espacios territoriales. Los actores e instituciones territoriales “son distintos en uno y otro territorio, y es en buena medida por eso que las grandes tendencias económicas, sociales o culturales, así como las políticas públicas, no “aterrizan” de la misma forma en uno y otro lugar” (Berdegué, 2016 en Bebbington et al. 2016: 9). En este sentido, el enfoque diferencial integrado al territorial, apunta a focalizar grupos poblacionales específicos (jóvenes, mujeres, víctimas…) contemplando las dimensiones étnicas y culturales y su relación con el espacio que los rodea. En línea con este enfoque, al fin de garantizar un acceso inclusivo y equitativo a la educación en las áreas rurales, adquiere una importancia elevada el rol de la academia y de los Institutos de Educación Superior (IES) que, a través de un trabajo conjunto con las instituciones públicas y los diferentes actores claves del territorios, pueden impulsar procesos innovadores que se adapten a las exigencias del campo, reconociendo y valorizando los conocimientos locales existentes e integrándolos con competencias académicas más específicas.

Las universidades y los IES, a través de sus actividades de extensión y proyección pueden jugar un rol fundamental en la implementación de acciones dirigidas a la superación de la pobreza reconociendo las diversidades y los rasgos identitarios de cada territorio y sus segmentos poblacionales. En este contexto, un ejemplo importante de realidad académica que está trabajando desde hace años en el logro de un sistema de educación territorial que mire hacia las áreas más excluidas está representado por la Universidad de Caldas.

La Universidad de Caldas está ubicada en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas, en el centro del territorio cafetero colombiano. A través de su trabajo en red con el Sistema Universitario de Manizales - SUMAconformado por seis universidades del territorio, favorece la cooperación académica y la movilidad de estudiantes, es uno de los principales dinamizadores de la actividad cultural del territorio, y tiene una larga trayectoria y alto compromiso con la identificación, valoración y conservación del patrimonio natural y cultural del Paisaje Cultural Cafetero en Colombia. 

En cuanto a su trabajo territorial, la Universidad de Caldas cuenta con una larga trayectoria de procesos formativos, investigativos y de proyección con comunidades Embera-Chamí del occidente de Caldas y norte de Risaralda, y con las comunidades afrodescendientes de los mismos territorios, en virtud de lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que propone como área de actuación el centro-occidente de Colombia y la cuenca del Pacífico. Desde 2014 hasta la fecha, la Universidad de Caldas ha mantenido alianzas interinstitucionales alrededor de la valorización del patrimonio cultural y natural de los territorios, en una relación estratégica con la Plataforma Diversidad Biocultural y Territorios y sus socios, a través de eventos académicos, Laboratorios de Desarrollo Territorial (LABTER) y cursos de formación que han contado con la participación de actores provenientes de más de 15 territorios del país y 6 países de Europa y América Latina. De cara al futuro, se espera consolidar esta colaboración en dos líneas muy entralazadas: la profundización del dialogo entre los territorios y las regiones no solo de América Latina; y la ampliación de la internacionalización en particular con universidades europeas que tienen una larga trayectoria en el ámbito del desarrollo territorial y la valorización de productos típicos y de origen, todo ello para favorecer las potencialidades del Paisaje Cultural Cafetero.


[1] En particular la La Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR)

 

Fotos de: Sandra Milena Escobar, Municipio de Anserma; Universidad de Caldas.

FUENTES BIBLIOGRAFICAS:

Berdegué (2016) en Bebbington, A., Escobal, J., Soloaga, I., Tomaselli, A. (2016). Eds. “Trampas Territoriales de Pobreza, Desigualdad y baja Movilidad Social: los casos de Chile, México y Perú”. Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo de Rimisp con el auspicio de IDRC Canada. Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Rimisp, Universidad Iberoamericana. México, DF.

DNP (2014). "Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 - Tomo 1". Bogotá. 

DNP (2015). “El campo colombiano: un camino hacia el bienestar y la paz. Misión para la transformación del campo”.Bogotá.
 
MEN (2017). "Plan Especial de Educación Rural. Hacia el Desarrollo Rural y la Construcción de la Paz". Bogotá. 
 
PNUD (2011). “Colombia Rural. Razones para la esperanza”. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá.
 

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