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Desafíos de cara a una estrategia de Sitios de Importancia del Patrimonio Agrícola Nacional (SIPAN) en Chile

Publicado por Carlos Pallacán 13/05/2018 sobre Diversidad biocultural

Desafíos de cara a una estrategia de Sitios de Importancia del Patrimonio Agrícola Nacional (SIPAN) en Chile

El año 2011, después de una década de trabajo por parte de las organizaciones socioterritoriales de Chiloé, la FAO declaraba al archipiélago como uno de los primeros siete Sitios Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial, definidos como “sistemas de uso de la tierra y paisajes ricos en diversidad biológica que han evolucionado desde la co-adaptación de una comunidad con su ambiente y sus necesidades y sus aspiraciones para un desarrollo sostenible” (FAO, 2002)[1].

A partir de este reconocimiento, los actores locales en conjunto a los organismos del Estado han avanzado durante estos años - no sin complicaciones-  en la elaboración de una agenda público-privada que permita movilizar energías y recursos en torno a la generación de una estrategia de desarrollo inclusiva basada en los principios que conlleva un territorio SIPAM, como es la puesta en valor del patrimonio biocultural que presenta este territorio (Venegas y Ranaboldo, 2011), y poniendo en acervo elementos movilizadores como la promoción de la cultura indígena-campesina, los conocimientos y saberes tradicionales, la producción agroecológica y la valoración de la identidad al interior de la población chilota (Venegas, 2009; Lagarrigue, 2014).

Dicha labor, reconocida por la presidenta Michelle Bachelet durante la XXXIII Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe realizada el año 2014, ha direccionado a las instituciones del Estado, a escalar hacia una política pública que trascienda la escala local de esta iniciativa, buscando implementar una red de Sitios Importantes para el Patrimonio Agrícola a nivel Nacional (Estrategia SIPAN), que además del mencionado Chiloé, incorpore a otros territorios como la Macrozona Altoandina (MAA) de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta en el norte del país, y la Macrozona Araucanía Pehuenche (MAP) de las regiones de Biobío y Araucanía, emplazadas en la zona sur de Chile (INDAP, 2016).

Esta acción del Estado, que se operativiza específicamente a través del Proyecto Establecimiento de una Red de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional (SIPAN) se encuentra liderado por el Ministerio de Agricultura, a través de la Oficina de Estudio de Políticas Agrarias (ODEPA), el Instituto Nacional de Desarrollo Agrícola (INDAP) y sus Secretarías Ministeriales Regionales de Agricultura, además de contar con el apoyo técnico de FAO y el co-financiamento del el del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), entre otros actores relevantes, busca llevar adelante una estrategia de desarrollo que permite rescatar y valorizar el patrimonio agrícola y cultural de un territorio (INDAP, 2018), presentándose como una importante oportunidad al considerar otros territorios que han sido y actualmente son habitados por una marcada presencia de población indígena (INE, 2017), y por consecuencia, de estar dotados de una importante riqueza biocultural, herencia de una diversidad de prácticas, técnicas y saberes resguardados y reproducidos hasta ahora por parte de dichos pueblos. Pese a ello, este escenario visualizado desde el Estado, pone en contraste una serie de dinámicas territoriales en torno al uso del espacio y sus recursos, puesto que han sido justamente estos territorios y sus comunidades, quienes en las últimas décadas han estado sujetos a importantes situaciones de tensión y conflicto de carácter socioambiental producto de la acción vinculada a las industrias extractivas asociadas a la explotación de commodities, como ocurre con la minería en la zona norte, la industria forestal y energética a través de centrales de paso en los ríos de la Araucanía andina, o la salmonicultura y exploraciones mineras presentes en el archipiélago de Chiloé, tal como lo revela la última actualización del Mapa de Conflictos Socioambientales a cargo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, 2015) o las denuncias y seguimientos realizados por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

A este escenario de creciente tensión, sin que exista hasta ahora una institucionalidad que vele por mecanismos de diálogo efectivo es pos de las comunidades indígenas (Yañez y Molina 2008; 2011), se agregan otras trabas legales impuestas incluso por mismas instituciones del Estado, que dan cuenta de una serie de puntos críticos que se presentan como desafíos necesarios de abordar al momento de implementar esta iniciativa acorde a las características de lo que conlleva un sitio SIPAN.

Entre ellas, se destaca la necesidad de avanzar hacia un proceso garantice efectivamente la regularización de la propiedad de la tierra y las aguas indígenas involucrando a todos los pueblos que formarán parte de esta red SIPAN, puesto que de acuerdo a lo que establece actualmente la Ley Indígena N°19.253, especialmente en sus artículos 63 y 64, se señala la importancia de salvaguardar las tierras de carácter patrimonial, definidas como “tierras de propiedad de varias Comunidades Indígenas, tales como pastizales, bofedales, cerros, vegas y otras de uso del ganado auquénido”, y de velar por la protección de las aguas solo de las comunidades aymaras y atacameñas (lickanantai), quedando fuera de esta normativa comunidades quechuas y mapuches que forman parte de dichos macroterritorios. Esta regularización de la condición de la propiedad de la tierra, especialmente aquellas que gozan una condición de carácter patrimonial, se hace necesaria de abordar con motivo de contrarrestar las presiones ya existentes por parte de las industrias extractivas mencionadas anteriormente, y a su vez, evitar situaciones de otra índole, como han sido los episodios de tensión que han llevado este último tiempo comunidades aymaras y quechuas con el Ejército de Chile en la zona norte del país, en donde se ha restringido el acceso a los pueblos a transitar por territorios utilizados ancestralmente, producto de ser espacios destinados a entrenamiento militar, acciones que incluso han provocado daños al patrimonio arqueológico existente (Fundación Desierto de Atacama, 2017).

De igual manera, se hace necesario avanzar en estrategias de articulación y gobernanza entre las comunidades y los sistemas de Áreas Protegidas tanto del Estado como por organismos internacionales. En la actualidad, ambas macrozonas definidas como futuros sitios SIPAN cuentan con 15 sitios destinados a la preservación y conservación que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) que administra la Corporación Nacional Forestal (CONAF), correspondientes a 2 Parques Nacionales, 3 Reservas Nacionales y 2 Monumentos Nacionales en la MAA y 2 Parques Nacionales y 6 Reservas Nacionales en la MAP. A ello, se agregan dos reconocimientos por parte de la UNESCO correspondientes a la Reserva de la Biosfera Lauca en la MAA y la Reserva de la Biosfera Araucarias en la MAP, y 5 Humedales protegidos bajo la Convención RAMSAR en la MAA. Esta diversidad de figuras de preservación y conservación, conlleva a establecer un modelo que si bien se encargue de velar por la protección de dichos espacios, concedan a la vez oportunidades a las comunidades indígenas que les permitan acceder y poner en valor los recursos bioculturales presentes en estos territorios, que han sido utilizados de manera histórica y que forman parte de su cosmovisión y de su cultura agroalimentaria, dejando atrás las tensiones y episodios de conflicto en donde las comunidades han sido y son impedidas de acceder a estos espacios producto de necesidades conservacionistas del Estado realizadas hace décadas atrás, mediante procesos de delimitación arbitraria y sin consentimiento de las comunidades que allí han habitado ancestralmente.  

Por último, otro elemento central en torno a esta discusión, tiene relación con la flexibilización de mecanismos de inserción a los mercados que favorezcan la producción y comercialización de productos y servicios elaborados bajo prácticas y técnicas tradicionales, con el fin de realzar la importancia que adquiere un sitio SIPAN en materia de preservar y difundir los conocimientos y saberes propios de las comunidades campesinas e indígenas que habitan dichos territorios. Para ello, además de la generación de canales de comercialización de carácter inclusivo, se hace necesario avanzar en la flexibilización de los mecanismos impuestos por los Servicios de Salud regionales para otorgar resoluciones de comercialización a productos realizados bajo estas prácticas tradicionales, como ocurre con el charqui, el queso de cabra, el merkén, o las preparaciones en base a hierbas medicinales, piñón, quinua, entre otras propias y características de estas macrozonas.

De esta manera, de cara a la implementación de una estrategia basada en un modelo que realce la importancia de dichos territorios como Sitios Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional, se hace necesario avanzar en una institucionalidad y en el fortalecimiento de las gobernanzas locales que permitan efectivamente resguardar la riqueza biológica y cultural que albergan tales macrozonas, como agentes claves y de vital importancia, de cara a un desarrollo inclusivo y sostenible para sus comunidades.



[1] Desde la creación del Programa SIPAM a la fecha, FAO ha declarado a 50 territorios como sitios SIPAM a nivel mundial, encontrándose distribuidos en 20 países, especialmente en Asia y el Pacífico. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, se han reconocido a 3 sitios, correspondientes a la Agricultura de Chiloé (2011) mencionada anteriormente, la Agricultura Andina en Perú (2011) y recientemente el Sistema Agrícola de Chinampas en México (2017), emplazado en la zona patrimonial de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, y que presentado oficialmente en el Foro Internacional de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) llevado a cabo en Roma, sede oficial de FAO en abril de 2018.

FUENTES BIBLIOGRAFICAS

 

CONAF (2015). "Reserva de la Biosfera Araucarias"

CONAF (2007). "Reserva de la Biosfera Lauca".

 

FAO (2002). "Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial. Un Legado para el Futuro".

 

Fundación Desierto de Atacama (2017). "Comunidad Indígena Quechua de Quipisca denuncia al Ejército de Chile por causar daños irreversibles a Monumento Nacional “Camino del Inca”

INDAP (2016). "INDAP y ODEPA implementan Red Nacional de Territorios Patrimoniales Agrícolas". Recuperado de 

INDAP (2018). "Lanzamiento Proyecto SIPAN".

 

INDH (2015). "Mapa de Conflictos Socioambientales de Chile".

 

INE (2017). "Censo de Población y Vivienda 2017".

Lagarrigue, A. (2014). "Trayectorias de SIPAM en Chiloé, y su creciente inclusión en la agenda pública nacional y regional".

 

Venegas, C. (2009).Chiloé: una reserva de patrimonio cultural en Chile en El valor del patrimonio cultural. Territorios rurales, experiencias y proyecciones latinoamericanas. RIMISP & Instituto de Estudios Peruanos. Serie: Estudios de la Sociedad Rural. Ford Foundation” 

 

Venegas, C., Ranaboldo C., (2011). “Chile: Chiloé Sitio Piloto de Patrimonio Agrícola de la Humanidad” en Valorizando nuestra riquezas bioculturales: Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural 2005 – 2011”. Rimisp. Santiago, Chile.

Yañez, N.; Molina R. (2008). "La gran minería y los derechos indígenas en el norte de Chile". 264 p. Lom Ediciones, Santiago de Chile.

 

Yañez, N.; Molina R. (2011). "Las aguas indígenas en Chile". 275 p. Lom Ediciones, Santiago de Chile.